82 y 10

Hace pocos, poquísimos días, asistimos a argumentaciones que -sintéticamente- blandían como indisputable el derecho de nuestra clase pasiva, rabiosamente universalizada gracias a las políticas implementadas desde 2003, a percibir el 82% móvil del salario mínimo vital e idem.
Sin proponer, mayoritariamente, las fuentes de obtención de los fondos destinados a tal fin, la oposición mediáticoparlamentaria estructuraba un razonamiento que, básicamente, rezumaba un lineal (y -ya veremos- falaz) guiño al derecho de la población afectada, y un "arreglátelas" a las arcas Estatales desde donde deben partir los fondos para solventar tal medida.-

Hace menos días, emergieron de las espaciosas sedes del pensamiento neoliberal, celebrados economistas (Nadin Argañaraz, por caso), encumbrados dirigentes sectoriales (Vg. Héctor Méndez) y el pool mediático siempre listo a replicar en defensa del capital, para salir al cruce desde distintos tonos argumentales en contra del proyecto del Diputado Héctor Recalde de participar el 10% de las utilidades netas, a la masa asalariada de la empresa.-
Particularmente, Argañaraz, señaló a Pablo Rossi de Cadena 3 que el proyecto "Atenta contra la seguridad jurídica" "y debiera ser estudiado junto con un paquete de medidas que aliviara la situación empresarial, a fin de no generar retracción de la actividad y su consecuencia "natural": el desempleo.-

Contraponiendo estas dos líneas argumentales se concluye fácilmente que hay un marcado énfasis en la defensa de los sectores pasivizados, en tanto se anima una prusiana austeridad cuando se trata de engordar los derechos de los trabajadores en actividad.-

¿Cuál es el razonamiento que subyace a estas conclusiones?

Es sencillo comprenderlo si se analiza los sectores que corren con el costo de una u otra reivindicación.

En el caso del 82% móvil, el sujeto pasivo obligado al pago es el Estado.
En el caso del 10% neto de las ganancias, el sujeto pasivo obligado al pago es el sector Privado.-

Diríamos sin temor a errarle que, si se trata de que pague el Estado, la oposición es desmedidamente reivindicativista. Mientras que cuando los que deben pagar son los empresarios, se tornan equilibrados y cautos.-

Defendiendo al capital, intentando desfinanciar al Estado. Este es el lema opositor.